En este convulso país de Asia Central se combinan la reconstrucción, ejecutada por militares y organismos de ayuda, con intensas acciones bélicas que enfrentan a los talibanes con el Gobierno central, apoyado por fuerzas militares de EEUU y de países europeos de la OTAN (ISAF), bajo mandato de Naciones Unidas. Existe una guerra de guerrillas, que irradia a nuevos focos en zonas antes seguras, para crear frentes diferentes junto a otras ofensivas de mayor envergadura.
En gran medida, la inestabilidad de Afganistán procede de la hegemonía excluyente de los pashtu frente a tayikos, uzbekos o hazaras y del conflicto de tribus, clanes, subclanes y grupos de solidaridad dentro de esas etnias -que rigen diferentes territorios mediante relaciones clientelistas y códigos particulares- con el aparato del Estado central, cuya soberanía nunca llega a todo el país porque ignora esa fragmentación social que limita su poder. La capital, Kabul, donde se concentran la administración y los servicios, ha marginado históricamente al mundo rural. La separación entre las autoridades y la población es cada vez más profunda porque aquéllas rechazan compartir con la gente los lugares donde se realiza la vida cotidiana: los mercados, como espacio económico, de cruce de noticias y hasta de diversión; las mezquitas, lugares de culto pero también de influencia moral y política de los líderes religiosos; y las asambleas locales y tribales en las que se discuten los problemas. El Estado central ha nombrado allí dirigentes en función más de su lealtad que de la capacidad de gestionar bien los recursos. Muchos son antiguos “señores de la guerra”, que han formado milicias armadas para consolidar su poder y cuya legitimidad se ha renovado al convertirse en diputados en las elecciones parlamentarias. En las ciudades más importantes decenas de miles de refugiados regresados de Pakistán o huidos de las zonas de combate malviven, sin casa ni trabajo, al lado de elites enriquecidas por los negocios de la reconstrucción, el desvío de la ayuda internacional y el control del cultivo y tráfico de adormideras, que cubre 28 de las 34 provincias afganas.
Los talibanes sacan provecho de la desidia del Estado, de la pobreza y del caos. En los pueblos y aldeas, profundamente conservadores en términos religiosos y de costumbres, los talibanes ofrecen trabajo y escuelas, no como en el pasado cuando se impusieron sólo con las armas. Nunca desaparecieron, sino que se mezclaron con los habitantes a la espera de una relación de fuerzas favorable.
Se dice que Afganistán vive una “paz conflictiva”, pero desde Kandahar, Helmand, Nemroz y Zabul, en la primavera, puede desencadenarse una guerra a gran escala. En este caso, es difícil imaginar que se pueda derrotar a los radicales sin emplear una fuerza mucho más destructora. No está claro que los mandos militares extranjeros estén dispuestos a emplear mayor potencia de fuego, incrementar el número de soldados y, si fuera necesario, extender los ataques a la retaguardia de los talibanes en las provincias del norte de Pakistán, y soportar un previsible aumento de las bajas. Los 26 países de la OTAN declararon en la reunión de Riga, en noviembre pasado, que “la paz y la seguridad en Afganistán son prioritarias” pero algunos países, entre ellos España, eluden enviar más soldados. Es dudoso, además, que exista una coordinación eficaz en las fuerzas. La prioridad de los norteamericanos es liquidar a los terroristas pero la misión de la ISAF es proteger algunas ciudades e infraestructuras, formar al Ejército y la policía afganos y proceder a labores humanitarias mediante los llamados Equipos Provinciales de Reconstrucción. Sin embargo, también realizan tareas de inteligencia. Una doble función muy censurada por las Agencias para el Socorro Afgano, porque esta mezcla puede provocar en la población más confusión que ventajas. El Ejército Nacional Afgano no es consistente por las deserciones y su mínima configuración multiétnica, que levanta sospechas. La opción militar total puede favorecer a los talibanes, cuya intención es atraer a las tropas expedicionarias a un terreno hostil para entramparlos en una guerra de desgaste. Por otra parte, los ataques al otro lado de la frontera acabarían de hundir al debilitado gobierno del general Musharraf en Pakistán, objetivo estratégico de los extremistas.
Se ha abierto la caja de los truenos e intentar cerrarla con más violencia sería un gran error. Para evitar todos estos riesgos, la política de seguridad –inevitable- podría estar acompañada de medidas que promuevan el desarrollo de las zonas rurales, en las que vive el 70 % de la población, mediante la ayuda masiva a sus poblaciones, la educación y la plena participación local en la toma de decisiones. El esfuerzo dedicado hoy a la guerra no debe hipotecar la paz del futuro.
Javier Aisa
Área Internacional de IPES